Martín Díaz / La Nube
Hace diez años, Altamira se estremeció con la tragedia de Rolando Álvarez y Domingo Morales, empleados de la COMAPA Altamira, quienes murieron intoxicados con gas metano. Ocho empleados fueron afectados, y dos vidas se perdieron por falta de equipo de seguridad. Diez años después, el recuerdo de esa tragedia parece haber sido enterrado en el olvido. Los empleados de COMAPA siguen trabajando en las mismas condiciones precarias, sin el equipo necesario para proteger sus vidas.
El alcalde Armando Martínez y el gerente de COMAPA, Omar Hernández Laine, parecen no haber aprendido nada de aquel doloroso episodio. La falta de responsabilidad y compromiso es evidente: el agua sigue llegando a los hogares en pésimas condiciones, y los empleados continúan expuestos a riesgos mortales. ¿En qué se están gastando los recursos del organismo? No hay mejora en la calidad del agua, ni en la seguridad de los trabajadores.
La situación es crítica. No sólo se trata de la calidad del agua, que sigue llegando en pésimas condiciones, con olores desagradables y contaminantes visibles. Se trata también de la vida y la integridad de los empleados de COMAPA, quienes cada día arriesgan su salud y su vida por la falta de equipo adecuado y medidas de seguridad.
El dolor y la indignación de las familias afectadas hace diez años deberían haber servido como un fuerte recordatorio de la importancia de la seguridad laboral. Sin embargo, parece que para Armando Martínez y Omar Hernández Laine, esos eventos fueron simples notas al pie de página, olvidadas rápidamente en el ritmo de la administración cotidiana.
¿Hasta cuándo permitirá la ciudadanía esta situación? Es hora de exigir que se garantice la seguridad de los empleados y la calidad del servicio. La comunidad de Altamira no puede seguir siendo víctima de la incompetencia y el desinterés de sus funcionarios públicos. Cada día que pasa sin que se tomen medidas adecuadas es un día en que la vida de los trabajadores de COMAPA y la salud de los ciudadanos de Altamira están en riesgo.
Es momento de que Armando Martínez y Omar Hernández Laine rindan cuentas. No sólo deben garantizar que el agua que llega a los hogares sea de buena calidad, sino también deben asegurar que sus empleados cuenten con todas las herramientas y equipos necesarios para realizar su trabajo de manera segura. La negligencia no puede ser la norma. La tragedia de hace diez años no debe repetirse. La ciudadanía merece un servicio de calidad y trabajadores seguros. Es hora de que estos funcionarios dejen de quedarse a deber al pueblo de Altamira y actúen con la responsabilidad y el compromiso que sus cargos demandan.