Almoloya de Juárez, Estado de México. Ernesto Guillermo Ruffo Appel, de 74 años, permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano desde el 16 de julio de 2026, acusado de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos en el esquema conocido como “huachicol fiscal”. No hay sentencia. La prisión que enfrenta es preventiva y oficiosa, es decir, obligatoria por ley para este tipo de delitos, sin que un juez pueda valorar si existe o no riesgo de fuga.
Ruffo es una figura histórica de la política mexicana: en 1989 se convirtió en el primer gobernador de oposición del país tras 60 años de gobiernos del PRI, al ganar la gubernatura de Baja California por el PAN. Gobernó de 1989 a 1995. Después fue comisionado para la Frontera Norte durante el gobierno de Vicente Fox, senador y diputado federal. En 2026, ya alejado del PAN, formaba parte del consejo consultivo del movimiento ciudadano “Somos México”.
Su vínculo con el caso proviene de su participación accionaria en Ingemar S.A. de C.V., empresa importadora de combustibles fundada en agosto de 2018 por José Merino Valdés Cuervo. Ruffo se incorporó como accionista meses después, y en 2021 fue nombrado Secretario del Consejo de Administración —no presidente, cargo que ocupó siempre Merino. Las fuentes consultadas discrepan sobre el porcentaje exacto de su participación, pero coinciden en que se trataba de un socio minoritario. El fundador y accionista mayoritario, Merino Valdés Cuervo, continúa prófugo.
La Fiscalía General de la República sostiene que Ingemar declaraba en aduana apenas el diez por ciento del volumen real de combustible que transportaba, y calcula un daño fiscal que ha variado según el vocero: de 166 millones de pesos en la imputación formal a más de 4 mil millones en declaraciones posteriores de la propia fiscalía. La defensa del exgobernador, encabezada por el abogado Fernando Gómez Mont, sostiene que ningún documento acredita que Ruffo haya tenido participación operativa en el contrabando, y atribuye el manejo físico del combustible a una transportista contratada por la empresa, ajena a la administración directa de Ingemar. La defensa denunció además que la Fiscalía solicitó que la audiencia inicial se realizara bajo reserva, invocando razones de seguridad nacional, pese a tratarse de un delito de carácter fiscal.
Un juez federal de carrera había rechazado semanas antes una orden de aprehensión relacionada con la misma investigación por considerar insuficientes los elementos presentados por el Ministerio Público. La Fiscalía volvió a presentar la solicitud ante otra jueza, quien sí la concedió y posteriormente ratificó la vinculación a proceso tras una audiencia de más de treinta horas.
RUFFO APPEL: EL PRIMER GOBERNADOR DE OPOSICIÓN, PRESO SIN SENTENCIA
